Leticia Silva Sosa/
Foto: Miguel Ángel Carmona
Xalapa, Ver.- 7 de julio de 2026.– con la aprobación de las reformas propuestas al artículo 15 de la Constitución Política de Veracruz, será prácticamente imposible aplicar a la actual administración el procedimiento de revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo.
Ana Rosa Valdez Salazar, diputada local del Partido Revolucionario Institucional; afirmó que esta reforma constitucional endurece las condiciones para solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo, lo que, a su juicio, podría dificultar que la gobernadora Norma Rocío Nahle García sea sometida a ese mecanismo de participación ciudadana.
La legisladora sostuvo que las nuevas reglas hacen prácticamente inviable que la ciudadanía reúna los requisitos necesarios para activar el procedimiento y expuso: “Pareciera que todas las reglas se están armando para que no pase la revocación de mandato, porque se están haciendo más difíciles”.
Durante la sesión extraordinaria de este martes, el Congreso del Estado sometió a votación el dictamen elaborado por las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, así como de Organización Política y Procesos Electorales, mediante el cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de Veracruz para modificar dicho procedimiento de revocación de mandato del Poder Ejecutivo estatal.
La propuesta establece que la ciudadanía interesada únicamente contará con el mes previo a la conclusión del tercer año de gobierno para reunir el respaldo equivalente al 10 por ciento de la Lista Nominal de Electores de Veracruz. Con base en el padrón electoral vigente, esa cifra representa alrededor de 750 mil firmas.
Además, el apoyo deberá obtenerse en, al menos, 107 municipios —la mitad más uno de los 212 municipios del estado— y en cada uno de ellos deberá representar como mínimo el 3 por ciento de la Lista Nominal correspondiente.
Una vez concluido ese periodo de recolección, las personas promoventes dispondrán de tres meses para presentar la solicitud formal ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), instancia que tendrá hasta 30 días naturales para verificar el cumplimiento de los requisitos y, en su caso, emitir la convocatoria para el proceso de revocación.
Para Valdés Salazar, concentrar la obtención de aproximadamente 750 mil apoyos ciudadanos en un solo mes convierte el mecanismo en una meta “casi imposible” de cumplir.
La legisladora consideró que existe un temor de que la ciudadanía pueda recurrir a esta figura de democracia participativa y aseguró que la mayoría legislativa está imponiendo reglas más restrictivas.
La revocación de mandato es un mecanismo incorporado a la legislación mexicana para que la ciudadanía pueda decidir, mediante votación, si una persona electa debe concluir anticipadamente su encargo por pérdida de confianza. A nivel federal fue aplicada por primera vez en 2022, mientras que en las entidades federativas su regulación depende de las constituciones y leyes locales, por lo que cada estado establece sus propios requisitos y procedimientos.
