Agencia FOTOVER/
Fotos: Miguel Ángel Carmona
Xalapa, Ver., 23 de julio del 2026.- La muerte del señor Rafael Rendón Martínez no es un hecho aislado ni un simple «incidente de procedimiento». Es el reflejo trágico e ineludible de un sistema de seguridad municipal desgastado, desprovisto de protocolos de actuación y sumido en la sospecha constante del abuso de autoridad. Lo ocurrido en la comunidad de La Carolina, en Cosamaloapan, expone con crueldad la distancia que existe entre el discurso oficial de protección ciudadana y la realidad que se vive en las calles de Veracruz.
Un hombre de aproximadamente 50 años, dedicado al oficio de la albañilería, perdió la vida tras ser sometido de manera violenta por quienes, en teoría, debían velar por su integridad. Bastó que Rafael y su hijo preguntaran la razón de la intervención contra un familiar para que la respuesta de los elementos de la Policía Municipal fuera la fuerza desmedida, los golpes y la privación de la libertad. El desenlace, ya conocido, dejó a una familia destrozada y a un pueblo indignado.
Del abuso a la revictimización: El peregrinar por la justicia
Lo que siguió al violento arresto no fue la transparencia ni el deslinde inmediato de responsabilidades, sino el patrón habitual de la opacidad. La denuncia pública de las hijas de la víctima destapó una cadena de irregularidades que van desde presuntas presiones para condicionar la entrega del cuerpo, hasta el señalamiento directo contra el ayuntamiento de Cosamaloapan por intentar resguardar u ocultar a los uniformados involucrados para evitar que rindan cuentas ante las autoridades.
Lejos de encontrar certidumbre en las instituciones locales, la familia se vio obligada a movilizarse, realizar bloqueos y tomar la caseta de cobro de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque para hacer oír un reclamo básico: justicia. Resulta alarmante que en la entidad la atención a las víctimas de abuso policial dependa con frecuencia del nivel de presión social o del cierre de vías de comunicación, y no de la actuación oficiosa y rápida de las autoridades de procuración de justicia.
La exigencia ante la FGE y el fondo del problema
Ante el desamparo institucional en su municipio, la esposa, hijos y familiares de Rafael Rendón, acompañados por el abogado Tomás Mundo, tuvieron que trasladarse hasta la sede central de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para interponer la denuncia formal. La intervención del litigante busca garantizar que los peritajes forenses e investigaciones no se diluyan en burocracia ni respondan a encubrimientos políticos locales, sino que se determine la responsabilidad penal directa de los agresores y de la línea de mando que los ampara.
El caso de Rafael Rendón reabre un debate postergado pero urgente en Veracruz: la falta de capacitación, los nulos controles de confianza eficaces y la impunidad casi sistemática con la que operan los corporativos municipales. Las corporaciones locales no pueden seguir funcionando como grupos de choque o de amedrentamiento ciudadano. La Gobernadora Rocío Nahle García y la Fiscalía tienen en sus manos la oportunidad de marcar un precedente claro: si no hay castigo ejemplar para los policías que abusan de su placa y para los ediles que los encubren, la confianza en las instituciones continuará desmoronándose irremediablemente
