Leticia Silva Sosa/
Foto: Miguel Ángel Carmona
Xalapa Ver; 29 de julio de 2026.-Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y brindar mayor seguridad a quienes denuncian irregularidades, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, emitió el Protocolo para la Atención y Protección de Personas Denunciantes o Alertadoras de Probables Actos de Corrupción, una herramienta que busca garantizar la integridad y los derechos de quienes se atrevan a señalar posibles actos ilícitos.
El documento reconoce que las personas servidoras públicas, así como quienes mantienen una relación con instituciones gubernamentales, representan una fuente clave para detectar prácticas de corrupción. No obstante, también advierte que denunciar este tipo de conductas puede implicar riesgos laborales, personales e incluso familiares, por lo que el nuevo protocolo establece mecanismos de protección y confidencialidad para evitar represalias.
Entre las garantías contempladas destacan la protección contra despidos injustificados, cambios de puesto, hostigamiento laboral, afectaciones en el desarrollo profesional o cualquier otra medida que represente una represalia por denunciar. Además, las autoridades podrán implementar acciones para salvaguardar los bienes, la integridad y la vida de las personas denunciantes, así como de sus familiares o personas cercanas cuando exista un nivel de riesgo.
La Fiscalía señala que la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social de Veracruz, al debilitar la confianza en las instituciones, desviar recursos destinados a servicios públicos esenciales y fomentar la impunidad. Por ello, el protocolo también garantiza la reserva de identidad, la posibilidad de acceder a una reparación integral del daño cuando exista afectación y la aplicación de medidas de protección mientras persista el riesgo.
Las denuncias o alertas podrán presentarse mediante los canales que serán habilitados para ese fin, con la garantía de confidencialidad y, cuando corresponda, del anonimato. Con esta medida, la FGE busca incentivar una mayor participación ciudadana e institucional para detectar y frenar actos de corrupción desde el interior de las dependencias públicas y otros organismos del estado.
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